El gobierno de Javier Milei anunció que avanzará en el cierre de otros dos organismos públicos: el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. En ese contexto se despedirán a 900 de los 964 trabajadores que desempeñaban tareas en esos organismos.

"El ministerio de Economía decidió avanzar con el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar", indicó Adorni y agregó que "luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos”.

Para justificar este nuevo paso de la motosierra Adorni advirtió, sin dar cuenta del carácter federal ni de la labor que realizaban los organismos que ahora dejarán de existir, que "tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

Y completó: “Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por medio del Decreto 729/2022 durante el gobierno de Alberto Fernández a finales de 2022.

 Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

La decisión de desarmarlo ahora tiene lugar apenas unas horas después de la denuncia contra Pérsico por “fraude a la administración pública” que presentó el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.