Desde el ministerio de Justicia, se informó que "se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos", y la medida, aseguran, "reducirá el 30% del personal de la Dirección Nacional de Registros Automotor (DNRPA) en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la DNRPA y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán una serie de medidas como el cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos y la medida reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Ya se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP, al igual que se eliminará la Cédula azul y a partir de éste mes, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

Otras de las medidas es la eliminación de todas las células verdes y los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

Además, se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos y se propondrá, a las provincias, la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Lo dispuesto también menciona la implementación de un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

Asimismo, se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales, se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos -ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios-, se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales y se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.