Según se conoció por parte de la Dirección General de Recursos Humanos del Senado, "todo el personal deberá registrar su ingreso en el sistema de control de acceso mediante datos biométricos", cabe mencionar que por la pandemia, la secretaría administrativa había suspendido el requisito reglamentario transitoriamente, que se estableció en 2018.

A finales de abril, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó una resolución para la creación de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) con el objetivo central de analizar y revisar los recursos humanos del organismo para optimizar los recursos públicos destinados a las diversas áreas.  

“Todo personal requiere la acreditación de idoneidad y antecedentes que respeten la observancia de los recaudos establecidos por la Constitución; como así también el cumplimiento de los requisitos legales para su incorporación y ascenso, todo ello en una relación de razonabilidad con las misiones, funciones y objetivos de gestión de calidad de la organización”, reza la resolución.

Una vez culminado el proceso, la CAD emitiría recomendaciones “a los efectos de optimizar la utilización de recursos humanos existentes”. La acción del regreso del presentismo iría en esa dirección y la propia Villarruel lo definió como la "caza de ñoquis".

El estudio comprenderá los últimos dos años de gestión e incluirá un análisis de la designación, capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados; las re categorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios.

La decisión de Villarruel se encuadra dentro de un proceso que inició desde su desembarco en el senado, en diciembre pasado y fuentes altamente confiables, precisaron las pésimas condiciones laborales en las que se desempeñaban algunos trabajadores de la Cámara alta como así también otras vinculadas a la infraestructura de la institución.

Para muchos, es una especie de medida para llamar la atención de los colaboradores de los senadores, muchos de ellos permanecen en sus provincias y no harían presencialidad, salvo en algunas ocasiones y ante los tire y afloje con el gobierno para lograr la sanción de la "Ley de Bases", muchos creen que Villaruel trata de "aleccionar" más a los legisladores que a los propios trabajadores.