En principio fueron al menos 500 casos de beneficiarios de planes sociales, a quienes luego se le sumaron 350 personas inscriptas como monotributistas sociales. Todas ellas cooperaron, sin saberlo, a las victorias del candidato a senador Esteban Bullrich y a la postulante Graciela Ocaña.

Tras conocerse la noticia, se filtró un listado con nombres, apellidos, CUIT y domicilio, entre otros datos. Quienes figuraban en esa nómina denunciaron públicamente que no habían aportado dinero y que tampoco se habían afiliado al partido de Cambiemos.

Inscriptas en los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, muchas personas figuraban aportando a la campaña del 2017 montos que oscilan entre los 300 y los 1500 pesos. El total de dinero lavado alcanza los $1.825.000, incluyendo no sólo a los más vulnerables sino también a personas de clase media.

Tras estas irregularidades en el financiamiento de las campañas, en los últimos días comenzaron a aparecer las primeras presentaciones en la Justicia.

En Comodoro Py, la Justicia ya comenzó a investigar en dos frentes. El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello (por delitos a la Ley de Financiamiento Partidario) está a cargo de una causa. Otra la lleva el juez Sebastián Casanello (por lavado de activos, donde están imputados los responsables de la campaña de Cambiemos en Provincia).