El Gobierno resolvió dar de baja los beneficios de privilegios en la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la ex mandataria Cristina Kirchner tras la condena en su contra de la Cámara de Casación en la causa Vialidad. 

“Por orden del presidente Javier Milei, y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo”, sostuvo el funcionario.

En la misma línea, agregó: “Tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa, para los argentinos, un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624,65 centavos”. 

“El beneficio previsto por la ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”, puntualizó.

Según aclaró, la titular actual del PJ va a poder percibir "una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”, y vaticinó que “es una posibilidad” que la exfuncionaria recurra a la Justicia para frenar la decisión del mandatario.

Asimismo, Adorni aseguró que tras la condena de la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, representa “lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”. “La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, sentenció. 

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello argumentó que “la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia”, y la calificó como “una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. 

Para el Presidente, la condena contra la ex vice “torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”. 

“Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada”, plantearon.