El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión argumentando que países referentes en temas de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos están retrocediendo en sus políticas, prohibiendo que los menores se sometan a estos procesos quirúrgicos.

Si bien, en el anuncio, Adorni reconoció que para que un menor pueda realizar un tratamiento de hormonización debe contar con el consentimiento de los padres, indicó que «si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede apelar a un juez para que autorice» la intervención.

La Ley de Identidad de Género, Nº 26.743 fue aprobada en el año 2012 en por el Congreso de la Nación por una amplia mayoría. La norma reconoce a las identidades trans y permite acceder al cambio registral en el Documento de Identidad a través de un simple trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales.

La norma también establece el derecho al acceso a la «salud integral». A través de ese precepto habilita y garantiza que las personas trans puedan realizarse intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, en caso de ser mayores de edad.

En relación a los menores de 18 años, la ley indica que, tanto el cambio registral debe ser realizados a través de sus «representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño».

Además, establece que si los padres, o quien estuviere a cargo se negara, puede acceder a la justicia para que resuelve la autorización o no. Estos mismos principios rigen para la hormonización e intervención quirúrgica en menores edad.