La ausencia de estos recursos pone en riesgo la prestación de servicios básicos y obliga a la Provincia a ajustar partidas esenciales. La Rioja ya inició reclamos administrativos y judiciales para exigir la restitución de lo adeudado; sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza sigue sin dar respuestas.

"El Gobierno nacional autorizó el último viernes una transferencia por $12.500 millones destinada a cuatro jurisdicciones: Misiones ($4.000 M), Entre Ríos ($3.000 M), Santa Fe ($3.000 M) y Chaco ($2.500 M). El monto supera ampliamente lo girado durante todo agosto, cuando las transferencias nacionales alcanzaron $3.000 millones. La Rioja, en cambio, no recibió ATN durante toda la gestión nacional", apuntan desde el gobierno riojano.

Sosteniendo además que "el Gobierno de Milei niega además a la Provincia más de 1000 millones de dólares por fondos de coparticipación y partidas extracoparticipables, una deuda que afecta la ejecución presupuestaria provincial y la capacidad de garantizar servicios públicos esenciales".

Solo para algunos

A la vez que vetó la ley que proponía convertir los ATN en un mecanismo automático, "el presidente Milei autorizó transferencias discrecionales de gran magnitud. La Rioja, una vez mas, quedó excluida de estos giros, mientras otras jurisdicciones reciben recursos selectivos. ¿Qué criterios técnicos o políticos justifican favorecer a determinadas provincias en detrimento de otras?".

Afirman además que "la falta de estos recursos tiene un efecto tangible en la gestión provincial: son fondos que podrían haberse destinado a mantener y refaccionar escuelas, garantizar materiales educativos y conectividad en aulas rurales, e impulsar programas de capacitación técnica y profesional. También se podrían haber adquirido insumos y equipamiento hospitalario, reforzado la atención primaria en localidades alejadas y sostenido la planta de personal sanitario".

"En seguridad, esos recursos habrían permitido mejorar la capacidad operativa mediante vehículos, tecnología y equipamiento, y en infraestructura se podrían haber repavimentado rutas, mantenido accesos estratégicos y ejecutado obras de mitigación hídrica que fortalecen la conectividad y la productividad regional", profundizan desde el gobierno de La Rioja.

Asimismo, "los programas de vivienda social y la mejora de redes de agua y cloacas podrían haberse ampliado, beneficiando a más familias en condiciones dignas de habitabilidad. Incluso las iniciativas de apoyo a Pymes y proyectos productivos habrían generado empleo directo e indirecto, dinamizando la economía local, y los municipios podrían haber reforzado servicios esenciales como alumbrado, recolección de residuos y atención primaria".

Esfuerzo permanente

A pesar de este desfinanciamiento, "el Gobierno provincial viene realizando un esfuerzo constante para sostener todas las políticas, con especial énfasis en las sociales, procurando que los riojanos no paguen con la falta de recursos de Nación la continuidad de programas de salud, educación, vivienda y asistencia a sectores vulnerables", para sumar que "este esfuerzo implica reasignaciones presupuestarias, optimización de partidas y la búsqueda de soluciones locales que permitan mitigar el impacto de los fondos que no llegan, al mismo tiempo que se exige la restitución de lo que corresponde por derecho".

"En definitiva, la ausencia de esos fondos limita la capacidad de la Provincia para ejecutar proyectos estratégicos y garantizar derechos básicos a los riojanos. Cada obra no iniciada, cada programa postergado y cada recurso no aplicado son el reflejo directo de una deuda que La Rioja exige que se restituya y que, al mismo tiempo, intenta saldar con un Estado que no deja de estar presente", remarcaron.

Sin Aportes del Tesoro Nacional

La Rioja no ha recibido ATN desde el inicio de la gestión nacional, y esa omisión no es una mera observación política, sino una diferencia concreta en recursos que repercute en la vida cotidiana de la Provincia: financiamiento de salud, educación, infraestructura y funcionamiento del Estado provincial se ven directamente afectados. A esta situación se suma la deuda por coparticipación y partidas extracoparticipables, que supera los 1000 millones de dólares.

El vínculo entre la asignación de ATN y la correlación política es evidente en varios casos: jurisdicciones con afinidad o acuerdos políticos con el oficialismo fueron favorecidas en el último giro. Esa correlación alimenta la sospecha de un uso instrumental de los Aportes del Tesoro Nacional con objetivos de consolidación política y electoral, en detrimento de la predictibilidad y equidad fiscal federal.

La disputa coloca en tensión dos concepciones opuestas sobre la gestión de recursos federales: por un lado, la potestad ejecutiva para distribuir discrecionalmente; por otro, la exigencia de las provincias por reglas claras, transparentes y automáticas que garanticen el acceso a lo que les corresponde. La Rioja mantiene su posición con firmeza: no pide limosnas, exige que la Nación cumpla con sus obligaciones presupuestarias y restituya los fondos adeudados.