El Gobierno provincial dispuso la actualización obligatoria de datos para las personas vinculadas al Estado provincial mediante Contratos de Locación de Servicios. La medida quedó establecida a través del Decreto N.º 178/2026 y alcanza a trabajadores que prestan funciones en organismos de la Administración Pública Provincial, tanto en áreas centralizadas como descentralizadas.

El objetivo de la iniciativa es contar con información actualizada, completa y sistematizada sobre el universo de personas contratadas que desarrollan tareas dentro del Estado.

El proceso será coordinado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja a través de la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano, área encargada de implementar las acciones necesarias para actualizar los registros laborales.

La actualización deberá realizarse de manera digital a través de la plataforma web oficial habilitada por el Gobierno provincial. En ese sistema, cada persona contratada deberá completar información vinculada con su formación profesional, capacitaciones realizadas, habilidades adquiridas, antecedentes laborales y los aportes o resultados de las tareas que desarrolla en el ámbito estatal.

Los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada. Además, el sistema requerirá adjuntar documentación digitalizada que respalde la información declarada, entre ellos el DNI (frente y dorso), certificado de domicilio y constancia de título secundario o profesional.

Los archivos podrán cargarse en formato JPG o PDF, y desde el Gobierno recomendaron utilizar dispositivos móviles para capturar las imágenes, siempre garantizando que la documentación sea legible y completa.

El plazo para completar el trámite vence el 30 de abril de 2026. Desde la administración provincial advirtieron que el cumplimiento del procedimiento es obligatorio y que la falta de actualización dentro del plazo establecido podría derivar en la suspensión del contrato y una posterior revisión administrativa.

En ese marco, también se solicitó a las áreas administrativas de cada organismo estatal que difundan la medida entre los trabajadores contratados, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del proceso.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, la iniciativa forma parte de una política de ordenamiento y modernización de la gestión del capital humano del Estado, que busca fortalecer los registros y contar con información precisa sobre las capacidades, formación y funciones del personal que presta servicios en la administración pública.