En ese sentido, recordó que “el deseo” del Ejecutivo “desde el primer momento” fue remover a la jefa de los fiscales, y explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la remoción debe hacerse a través de un juicio político, “es inconstitucional”.

 “No lo descarto para nada”, sostuvo el legislador al ser consultado en radio Blue sobre si el presidente Mauricio Macri podría recurrir a un decreto para sacar del cargo a Gils Carbó, tal como trascendió en los últimos días.
 
Tonelli resaltó que el Gobierno “siempre expresó desde el primer momento el deseo de que Gils Carbó deje de ser la Procuradora” porque la consideran “absolutamente parcial, carente de idoneidad, que orienta las investigaciones para favorecer a sus amigos y perjudicar a sus adversarios”.

Además, explicó que no es necesario recurrir al juicio político para la destitución porque, según su análisis, la Ley Orgánica del Ministerio Público que lo establece es “inconstitucional”.

“El mecanismo de juicio político para remover al Procurador General de la Nación está previsto en la Ley orgánica de la propia Procuración. Pero hay jurisprudencia de la Corte Suprema sobre que ese procedimiento solo lo puede establecer la Constitución, y si eso no ocurre, el hecho de que lo establezca la ley es inconstitucional y no sería aplicable”, aseveró.  

De todas formas, aclaró que “nunca” hicieron “ninguna maniobra” ante la Justicia para impulsar o acelerar algún proceso en contra de la titular del Ministerio Público, nombrada en el cargo en 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández.

Por último, Tonelli mencionó que existe un antecedente, el del ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas entre 1984 y 1991, Ricardo Molinas, que fue destituido por el ex presidente Carlos Menem en febrero de ese último año.

"No voy a renunciar nunca he cedido a las presiones"
En una entrevista que le brindó a El Cronista, la Procuradora General de la Nación se defendió de las críticas y aseguró que no dará el paso al costado que el gobierno presiona para que de desde que ganó las elecciones en octubre de 2015. Ahora, el gobierno podría usar para tal fin la denuncia de una "irregularidad" en la compra de un edificio para la Procuraduría: "Lo de la combinación indagatoria-decreto lo dijo nada menos que (Joaquín) Morales Solá, lo viene diciendo Clarín, el diputado (Pablo) Tonelli viene alentando la legitimidad de sacarme por decreto, olvidándose completamente de la Constitución", aseguró.

Además, Gils Carbó manifestó que si Macri firma un decreto para destituirla: "Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haré acciones judiciales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que fueran destituidos por decreto", puntualizó.

Gils Carbó además especuló sobre porque la acusan ahora de la irregularidad en la adquisición del inmueble: "Es por el fracaso de estrategias. Primero intentaron hacerme renunciar por los medios. Después, la reforma de la Ley del Ministerio Público. Fracasado ese proyecto y no habiendo causales para un juicio político, van por la comisión bicameral, pretendiendo acorralarme por los traslados de fiscales", consideró.

Citación a indagatoria y defensa inmediata
Finalmente, como ella temía, la Procuradora General fue citada a declarar. Su defensa le pidió al juez federal Julián Ercolini que sea sobreseida en la causa penal que investiga si hubo coimas en la compra del edificio central del Ministerio Público en 2013. “El conjunto de la prueba recibida en la instrucción (...) ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento”, sostuvo el pedido del abogado defensor Alejandro Rúa.