Fuentes judiciales informaron que la sala dos del máximo tribunal penal del país hizo lugar, por mayoría, a los recursos de apelación que habían puesto el fiscal general Javier De Luca y el querellante, abogado Ricardo Monner Sans.

Casación dispuso la devolución de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a fin de que “por ante quien corresponda” se dicte un nuevo pronunciamiento respecto al ex Jefe de Estado.

Y, a la vez, consideró mal concedido el recurso de casación respecto al ex jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, que durante el kirchnerismo fue embajador de Argentina en Colombia y Costa Rica, y confirmó su sobreseimiento.

En el voto principal, el camarista Alejandro Slokar, sostuvo que existen “dudas del agotamiento de la pesquisa” y consideró que “resultan fundamentales los resguardos que se deben extremar al momento de dictarse un pronunciamiento que evidencie un grado de certeza negativa”.

Por el contrario, la camarista Angela Ledesma concluyó que debía confirmarse el sobreseimiento porque había mediado la afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La explosión se produjo el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, provocó la muerte de siete personas, dejó más de 300 heridos y generó la destrucción de gran parte de la ciudad. Si bien desde un primer momento el entonces presidente Carlos Menem instaló la idea de que se había tratado de un accidente, la Justicia determinó que fue un hecho “intencional, organizado y direccionado” para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

En 2014 el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a penas de entre 10 y 13 años de prisión a cuatro ex militares: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke y Edberto González de la Vega, Marcelo Gatto, todos considerados autores mediatos del delito de “estrago doloso”.

González de la Vega y Franke eran directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares que dependía del Ministerio de Defensa, Cornejo Torino era director de la fábrica de Río Tercero y Gatto estaba a cargo de la División Producción Mecánica.  

En 2015 el Gobierno de la presidente Cristina Fernández promulgó hoy la ley que estableció indemnizaciones para las víctimas de la voladura y sus deudos.