El proyecto, que obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos, había sido presentado por la Diputada Nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) pero contaba con un amplio consenso de los bloques de la oposición. “Es una ley que no es de mi autoría, es de autoría de todas las organizaciones de la sociedad civil y de los pacientes. Viene a proponer un paradigma distinto, estamos planteando un enfoque de derechos humanos y un abordaje integral”, dijo la diputada Gaillard durante su discurso.

La legisladora también destacó que la nueva norma “tiene un capítulo muy importante relacionado con las jubilaciones y las pensiones”. “Necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos estén cubiertos. Las personas que sufren VIH tienen un envejecimiento precoz por la toxicidad de las drogas del tratamiento”, dijo.

Qué propone la nueva ley de HIV? Garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento, tanto en prestadores públicos como privados, para todas las personas expuestas o afectadas al VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis; promover las campañas masivas de difusión, testeo y prevención de contagios; aumentar la capacitación e investigación; y crear una comisión nacional interministerial e intersectorial con representantes de la sociedad civil.

Además, y este punto es clave, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías. La integración de esta Comisión deberá ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.

También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.