En el marco de las políticas contra la violencia institucional que lleva a adelante la Secretaría, se realizó el último acto de señalización de la gestión en homenaje al docente asesinado por la policía de Neuquén en 2007.

El trágico hecho sucedió en el contexto de una violenta represión a la Asociación de Trabajadores de la Educación que se manifestaba para reclamar mejoras salariales al gobierno provincial de Jorge Sobisch, quien ordenó desalojar el lugar por la fuerza.

Carlos Fuentealba fue atacado por la espalda por el ex cabo primero de la policía de la provincia, José Darío Poblete, que disparó una granada de gas contra el auto en el que viajaba el docente.

Aunque fue asistido en un hospital y atravesó dos operaciones, Carlos murió al día siguiente. El hecho conmovió al país. Poblete fue condenado a perpetua en 2008 por haber sido el autor material del disparo.

Estuvieron presentes en la ceremonia del descubrimiento del cartel delegadas y delegados de ATEN (Asociación Trabajadores de la Educación Pública), de SADOP (Sindicato de Docentes Privados), y el director de Vialidad, Alberto Ciampini, junto con familiares, amigos y amigas del docente.  

El secretario Horacio Pietragalla Corti manifestó al respecto: “Es de suma importancia el reconocimiento por parte del Estado de los hechos de violencia institucional para que no vuelvan a suceder, como también la contención integral a las familias de las víctimas” y agregó “esperamos que esta política pueda continuar más allá del sello político de los gobiernos, para que no tengamos retrocesos en esta materia”.  

Con esta señalización se suman 41 en total desde el comienzo de la gestión y dentro del plan de señalizaciones de hechos graves de violencia institucional en el marco del Artículo 3º de la Ley 26.811, que consiste en la colocación de carteles con las fotos de las víctimas y la reseña de los hechos, con la finalidad de promover la Memoria, Verdad y Justicia como pilares fundamentales para la no repetición de estos hechos.

Esta política tiene el doble objetivo de fijar una clara postura del Estado en repudio a los casos de violencia institucional perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad; así como de realizar un homenaje a las víctimas, que sirva como un acto de reparación y visibilización ante el daño causado.