El informe detalló que casi el 80% de las empresas han registrado una caída promedio del 40% interanual en el volumen de ventas y en la producción, mientras que el 76% retrotrajeron la capacidad instalada, lo que implica un derrumbe del 29%. De las empresas afectadas el 45% tuvo que reducir su planta de personal en junio donde la consecuencia fue el despido de más de 5 mil trabajadores y las suspensiones de otros 10 mil, lo que implicó un retroceso del 16% respecto a diciembre del año pasado.

De los encuestados el 40% afirmó tener problemas para afrontar los gastos, razón por la cual el 84% de las empresas optó por no invertir en el sector y un 81% del total piensa que es muy complejo ganar o competir en los mercados exteriores debido a la brecha cambiaria y la situación monetaria del país, por lo que el 90% de las empresas que tuvo que reducir su producción lo atribuye al poder adquisitivo de la población y a la crisis que redujo el consumo en un 15,5%.

Estos datos surgen en un contexto donde el gobierno nacional eliminó trabas burocráticas para el ingreso de productos textiles y calzado desde el exterior, ya que la norma de la secretaría de Industria y Comercio había sido dictada a mediados de marzo y regía por 120 días. Con esta medida, se eliminó en el control aduanero la obligatoriedad del etiquetado para estos productos que hasta el momento, debían contar con un etiquetado realizado en origen o pedir una autorización a la Secretaría de Industria y Comercio para el reetiquetado a través del proceso de Adaptación al Mercado Local (AML).

Además, la Fundación Pro Tejer señaló que “la industria textil tiene un rol fundamental en la generación de valor y trabajo genuino a lo largo y ancho del país, por lo que pedimos al gobierno el diseño de las políticas que van a conducir el rumbo del país en los próximos años”.