El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.  

El Gobierno quería privatizar unas cuarenta empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nacional, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, debido a la resistencia de los bloques dialoguistas a acompañar esas propuestas.