Según argumentan, la iniciativa del Poder Ejecutivo lanzada la semana pasada es “violatoria de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742 de Bases, ya que no se delegaron facultades legislativas en materia de seguridad”.

"El Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista
autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas", indicaron los autores del proyecto.

Para Democracia para Siempre, “el Poder Ejecutivo está utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad. Entonces, lo que hace es fundamentar esta decisión vinculándola a una mayor eficacia y modernización del Estado”, cuestionaron. 

Aclararon, en este sentido, que “la reforma planteada no implica un plan de eficacia de la administración de la Policía Federal Argentina, sino que modifica las funciones y el sentido de su intervención”.

En los fundamentos, sostuvieron que “el decreto en sí no organiza con claridad de qué se va a tratar ese perfilamiento vinculado a la investigación criminal”, y agregaron que "pareciera más bien una expansión encubierta de las facultades de inteligencia que invade competencias de la Agencia
Federal de Inteligencia (Ley 25.520)". 

“No hay información precisa sobre la especialización en la investigación de la ruta del dinero, en la connivencia con otras instituciones estatales, en la prevención de la violencia. Lo que vemos es que persisten algunas atribuciones extraordinarias para la policía y aparecen algunas nuevas”, observaron. 

En esa línea, afirmaron que “es imposible evitar detectar múltiples riesgos en estos cambios, que parecen más guiados por la urgencia política que por un debate democrático serio sobre el rol que le corresponde a esta fuerza”.

"Uno de los puntos que más inquietud despierta es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA. El decreto deja sin precisar conceptos como amenaza a la seguridad del Estado o alteración del orden público, lo que habilita una peligrosa zona gris", advirtieron. 

Al respecto, alertaron que “en otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias”. 

“El acceso de la policía a mayores poderes sin orden judicial -como detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en los denominados operativos de prevención- vulnera garantías fundamentales como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte IDH) y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Nacional)”, resaltaron.

Añadieron además que, "la disposición consagra una figura similar a los arrestos por averiguación de antecedentes, ya declarados inconstitucionales por
jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales", y sostuvieron que “la sospecha que funda las detenciones sin orden judicial de la policía, por lo general, descansa en un sesgo discriminatorio. Esta noción fue utilizada para hacer controles poblacionales, para extorsionar a la gente, hacer la llamada estadística policial, y puede ser utilizada también para controles masivos”.

El proyecto de derogación del decreto 383/25 lleva las firmas del presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y de sus pares Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal.