El ministro señaló que el Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género, cuya disolución fue publicada en el Boletín Oficial bajo las Resoluciones 575/2021 y 55/2022, “nunca arrojaron resultados positivos para los argentinos”.

“Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género y que la única forma de proteger a las víctimas es siendo implacables con los agresores. ¿El resultado? Bajamos los homicidios de mujeres un 14,3 %”, manifestó.

Los dos programas a los que se refiere Cúneo Libarona fueron fundados bajo la gestión de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta y tenían como fin preservar los derechos de las mujeres, el colectivo LGBTI+ y trans en situaciones de violencia de género: El Programa Acercar Derechos se había implementado para dar una respuesta integral a las necesidades de estos grupos vulnerados en contextos violentos y, paralelamente, el Registro Nacional de Organizaciones Sociales tenía como tarea relevar información sobre asociaciones que promovían y protegían sus derechos.

El ministro señaló que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández “se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban”.

Por su parte, Amerio comentó que desde el Ministerio de Justicia llevaron a cabo auditorías internas sobre el funcionamiento del Programa Acercar Derechos y encontramos “debilidades sustantivas” tanto en los operativos, como en el sistema de registro, en la supervisión de casos y en “la autosuficiencia documental” de las intervenciones realizadas.

“Constatamos que el 38% de los casos no registraban acciones de abordaje o seguimiento, que el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses y que el 26% de los casos analizados carecía de estrategia integral de abordaje, lo cual compromete la trazabilidad, el control y la efectividad del acompañamiento brindado”, planteó el secretario.

Para finalizar, Amerio indicó que la revisión de las políticas públicas “constituye una herramienta fundamental” para garantizar que los programas estatales respondan “de forma efectiva” a las necesidades sociales actuales, “conforme a los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal” que deben regir el accionar del Estado.