Este miércoles en el Senado de la Nación, se aprobó la “Ley de Regularización Dominial” que a través de un trabajo conjunto entre Nación, Provincias y Municipios permitirá el otorgamiento de título de dominio de alrededor de 4.400 barrios populares (villas y asentamientos de todo el país).

La ley beneficiará a 4 millones de personas, equivalente a 930 mil familias que hoy viven en 4.416 barrios populares de todo el país. En La Rioja, beneficiará a 681 familias distribuidas en 14 barrios populares.

En este sentido la Senadora Inés Brizuela y Doria expresó: “Con esta ley avanzamos para romper años de invisibilización y olvido. Era una deuda histórica que excede a este gobierno, y sabemos que no se resolverá de la noche a la mañana; pero también sabemos que marca el inicio de un proceso de socio integración urbana que garantiza los derechos básicos a estas familias”. Además añadió,  “no se trata solo de títulos de tierras y de vivienda, sino especialmente de dignidad y ciudadanía para millones de argentinos que están fuera del sistema”.

Cabe destacar que estas cifras responden a un relevamiento realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), el cual detalla las familias relevadas, las cuales pudieron acceder al “Certificado de Vivienda Familiar”, un instrumento que entrega ANSES y permite certificar su domicilio, para hacer trámites y solicitar el acceso a servicios básicos como luz, agua corriente y gas.

La presente ley es fruto del trabajo en conjunto entre el Gobierno, la oposición y organizaciones de la sociedad civil,  la cual declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares. Además, faculta a la Agencia administradora de bienes del estado (AABE), para celebrar acuerdos con las Provincias y Municipios en un marco regulatorio especial en cuanto al dominio de las tierras a favor de los ocupantes, y así poder realizar la transferencia de los inmuebles, y establecer mecanismos de compensación impositiva.

La cesión de terrenos no es gratuita, la ley prevé que las familias obtengan un plan de pago ajustado a su realidad económica y sus posibilidades. Las obras en los Barrios Populares incluidos en el RENABAP deberán adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de dichos barrios.

Finalmente, el destino de las viviendas regularizadas serán: la de vivienda única familiar y de ocupación permanente, contemplándose el comercio familiar.  Serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP en Proceso de Integración Urbana, y cuya propiedad no sea del Estado Nacional, como así también sean ingresados a futuro en dicho Registro.

Sin dudas, “esta Ley significa no sólo un título de propiedad, sino también la dignificación e igualdad de los derechos ciudadanos”, finalizó Brizuela y Doria.