La diputada nacional presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo, ante sospechas de posibles irregularidades y conflictos de interés.

La presentación se basa en información difundida en distintos medios sobre préstamos que oscilarían entre los 100 y 500 millones de pesos. Entre los beneficiarios mencionados figuran funcionarios como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, así como los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.

En su denuncia, Frade solicitó el acceso a los legajos crediticios completos de los involucrados, las actas de directorio que aprobaron los préstamos y un análisis pericial para determinar si existieron perjuicios económicos para la entidad bancaria. Además, pidió que se investigue si hubo condiciones preferenciales en tasas, plazos u otros requisitos, así como posibles violaciones a la Carta Orgánica del banco o vínculos entre los otorgantes y los beneficiarios.

Según los datos mencionados en la presentación, Carreira habría recibido 113 millones de pesos, mientras que Inchauspe y Núñez habrían accedido a créditos por 510 millones cada uno. Por su parte, Furiase habría obtenido 376 millones. En el caso de los legisladores, se mencionan montos como 322 millones para Bongiovanni, 340 millones para Campero y 225 millones para Villaverde.

Frente a estas acusaciones, los diputados involucrados rechazaron de plano cualquier irregularidad. Campero calificó la denuncia como “maliciosa” y aseguró que el crédito obtenido corresponde a una línea hipotecaria en UVA доступible a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Detalló que tomó el préstamo en mayo del año pasado por 275 millones de pesos para adquirir su vivienda familiar, y que el monto actual asciende a 322 millones debido a la actualización por inflación.

En la misma línea, Bongiovanni sostuvo que no recibió ningún trato preferencial y afirmó que accedió al crédito bajo las condiciones generales vigentes en ese momento, con una tasa del 4,5% para quienes perciben sus ingresos a través del banco. Además, defendió su decisión al considerar que el proceso de desaceleración inflacionaria hacía viable la operación.

La Justicia deberá ahora determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de estos préstamos o si se trató de operaciones realizadas dentro del marco normativo vigente.