El mismo lleva la firma del gobernador, la titular de la Secretaría de Justicia, Karina Becerra y el presidente de la Asociación de ex Presos Políticos, Jorge Raúl Machicote, en un marco institucional de colaboración mutua y asistencia, habiendo participado además la Asociación Hijos de ex Presos Políticos.

Becerra dio cuenta que desde la Secretaría a su cargo y a través del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) se trabajará de manera conjunta con la Asociación (de ex Presos Políticos) para facilitar el acceso a la identidad a todas las personas cuyo origen se haya visto alterado, como así también facilitar la obtención para un banco de datos de aquellas personas que han sido vulneradas en esta información, brindando los datos étnicos culturales y morfológicos”, mientras que  también se contempla “el trabajar en la asistencia psicológica de las personas, acompañadas de políticas públicas.

Por su parte, del secretario de DD.HH., Delfor Brizuela tras expresar su beneplácito por la firma del convenio, sostuvo que “es un manera de coronar una lucha que venían llevando los ex presos políticos, que a su vez nace de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, por la identidad de los nietos nacidos en cautiverio”.

Dijo además que “de ahí se desprende otra lucha, que tiene que ver con la actualidad de tantos, argentinos y riojanos que quieren conocer su verdad, su identidad de origen e identidad biológica; tarea que en la cual tenemos un camino hecho, tanto por las Abuelas como por la Comisión Nacional de la Identidad”.

El dirigente Jorge Machicote manifestó su agradecimiento al gobernador Ricardo Quintela por el acompañamiento en materia de derechos humanos y que “nos permite desarrollarnos en una sociedad más justa e igualitaria” al tiempo que enumeró distintas acciones que se llevan a cabo desde la Asociación de Ex Presos Políticos trabajando articuladamente con otras instituciones en beneficio de la comunidad riojana.

Sandra Ballesteros, integrante de la  asociación ex presos políticos repasó que “desde el año 1983 a la fecha es mucho lo que se ha hecho en materia de DD.HH., no obstante han quedado aspectos donde no hubo posibilidad de resolverlos, como el caso de las personas que han sufrido la apropiación de identidad en el periodo de los años 1974 al 1983, que aún no tienen donde recurrir”.

Dijo además que “hasta el momento son 5 las provincias que cuentan con una legislación que contempla esta situación” y que “desde La Rioja se está trabajando para sumarse a esta nueva normativa”.

El convenio contempla:  Diseñar políticas públicas para facilitar el acceso al ejercicio del derecho de identidad de las personas, quienes fundadamente sospechen que su identidad de origen, por alguna circunstancia, ha sido alterada o suprimida;  establecer un procedimiento que permita articular el intercambio de información con bancos de datos públicos y privados que puedan contener aquella en el marco de la investigación de la identidad biológica, étnica, y cultural de las personas; contener y asesorar a las personas que sospechen fundadamente que su identidad de origen ha sido alterada o suprimida y  diseñar políticas públicas que tengan por finalidad la búsqueda de personas.