En el Presupuesto 2018 , el Poder Ejecutivo calculó que el revalúo le aportará unos 25.000 millones de pesos por el impuesto adicional asociado a este "ajuste por inflación" acotado que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento.

Pero la contracara de esta recaudación es la baja potencial en la recaudación del impuesto a las ganancias -a través de mayores amortizaciones y costos de ventas- que, según calcularon técnicos del justicialismo, llegaría a los 87.500 millones de pesos. De esta suma, las provincias perderían unos 40.000 millones de pesos en los próximos seis años.

Ante este panorama, gobernadores y senadores plantearán que este impuesto especial y optativo se incluya con la reforma tributaria que planea el Gobierno y la nueva ley de mercado de capitales. Además, quieren plantear que el impuesto específico se coparticipe.

Según esta estimación, la provincia de Tucumán resignaría 1840 millones de pesos; Santiago del Estero, 1600 millones de pesos; Salta, 1480 millones de pesos; Catamarca 1060 millones de pesos y La Rioja, 800 millones de pesos. El revalúo impositivo que plantea el Gobierno es una respuesta parcial al reclamo, que ha sido llevado a la Justicia en muchos casos, por la falta de ajuste por inflación desde la salida de la convertibilidad a fines de 2001.

En el Gobierno aclararon que la potencial pérdida para las provincias se compensará con menor litigiosidad -por el pasado y el futuro- y la mayor formalización de las operaciones. En este sentido, el tributarista Iván Sasovsky dijo que "el proyecto de revalúo impositivo impulsado por el Gobierno es una manera elegante de sincerar parcialmente las ganancias reales obtenidas por las empresas y los tributos que de ellas se originan".

Por lo tanto, "no se puede hablar sobre pérdida en la recaudación porque es una recaudación mentirosa que nunca debió existir, dado que no hay una real ganancia".

"La recaudación tributaria debe ser el reflejo de la capacidad contributiva o capacidad de pago real que tienen los contribuyentes en función de lo establecido por ley. No se trata entonces de que las provincias dejan de recaudar, sino de que lo recaudado más o menos se parezca a lo que el reflejo de la realidad manda", indicó.