El Gobierno de España enviará al Parlamento la próxima semana un proyecto de ley para limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia que propone un giro regulatorio de fuerte impacto político y tecnológico en el vínculo entre plataformas digitales, usuarios y Estados.

El anuncio fue realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien remarcó que la propuesta no solo pone el foco en los usuarios, sino también en la responsabilidad directa de las empresas que gestionan y programan las redes sociales, avanzando sobre un terreno hasta ahora escasamente regulado en Europa.

El proyecto parte de una situación ya existente en España: actualmente, los menores de 16 años pueden abrir cuentas en redes sociales únicamente con autorización de sus padres, mientras que a partir de esa edad no rige ninguna limitación legal. La nueva iniciativa busca endurecer los controles y establecer responsabilidades penales y técnicas claras.

La propuesta se inscribe en un contexto internacional donde crece el consenso sobre los riesgos de las redes sociales para niños y adolescentes. La semana pasada, Francia obtuvo media sanción para prohibir el acceso a menores de 15 años, mientras que Australia se convirtió en el primer país en vetar directamente el uso de redes a menores de 16, bajo el argumento de prevenir problemas de salud mental.

España, sin embargo, va un paso más allá al identificar responsables corporativos y técnicos, y no limitarse a la conducta individual de los usuarios. En contraposición, en países como Argentina no existe actualmente una legislación similar ni el tema forma parte de la agenda parlamentaria.

Durante la presentación del proyecto, Sánchez advirtió sobre el poder concentrado de las plataformas digitales: “Las redes sociales y sus empresas son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder e influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación es mayor”, sostuvo.

Las cuatro claves del proyecto

 Verificación obligatoria de edad
Las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación, que impidan a los menores falsear datos. Ya no bastarán las declaraciones juradas o simples confirmaciones.

 Responsabilidad penal de las plataformas
Los directivos podrían enfrentar consecuencias judiciales e incluso penas de prisión si no actúan con rapidez ante la difusión de contenidos ilegales o perjudiciales para menores.

 Control sobre la manipulación de algoritmos
El proyecto tipifica como delito la manipulación algorítmica destinada a amplificar discursos de odio, desinformación o contenidos ilegales.

 Intervención frente a discursos de odio
Se prevé el desarrollo de herramientas para medir y rastrear el impacto de la polarización y los discursos de odio, con mecanismos de intervención temprana y mayor articulación con fiscalías especializadas en delitos digitales.

La iniciativa abre un debate de alcance global sobre regulación tecnológica, derechos de la infancia y límites al poder de las plataformas, y posiciona a España como uno de los países que busca avanzar con mayor decisión en el control estatal del ecosistema digital.