La discusión sobre el futuro de los medios públicos volvió a ocupar el centro de la agenda política nacional tras las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no descartó el cierre de la Televisión Pública, aunque aclaró que, por el momento, la decisión del Gobierno será avanzar con un cambio de nombre y una fuerte reducción de su estructura. El planteo expone con crudeza la mirada de la administración de Javier Milei sobre el rol del Estado en la comunicación y reabre el debate sobre el impacto social y laboral de estas políticas.

“Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre”, afirmó Adorni durante una entrevista en un streaming, al tiempo que recordó que, si bien la privatización está prohibida por ley, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de “achicarla lo más que se pueda” para evitar mayores erogaciones fiscales. La definición no es menor: detrás del concepto de “eficiencia” se esconde una reconfiguración profunda de uno de los principales sistemas públicos de comunicación del país.

En la misma línea, el funcionario adelantó que la señal dejará de llamarse TV Pública, en lo que definió como un “cambio simbólico” que busca marcar distancia con gestiones anteriores. Según explicó en declaraciones a Infobae, el nombre actual podría tener una connotación “kirchnerista”, y se enmarca en una directiva más amplia del Gobierno nacional de retirar toda “cartelería con contenido ideológico” desde la asunción presidencial.

Más allá del plano discursivo, las decisiones tienen consecuencias concretas sobre las fuentes de trabajo. La Televisión Pública y Radio Nacional atraviesan un proceso de reestructuración bajo intervención estatal, cuya continuidad fue oficializada mediante el Decreto 79/2026, que prorrogó la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) hasta el 1º de febrero de 2027. Este marco habilita al Ejecutivo a avanzar con reformas administrativas, operativas y laborales de gran alcance.

Uno de los ejes centrales es el plan de retiros voluntarios, que apunta a reducir la planta de personal en alrededor de 500 puestos de trabajo, lo que representa cerca del 20% del total de 2.400 empleados de los medios públicos. El recorte alcanza a periodistas, productores y personal administrativo, tanto de la TV Pública —que cuenta con casi 1.300 trabajadores— como de las más de 50 emisoras de Radio Nacional distribuidas en todo el país.

Desde la mirada oficial, la dotación actual es “excesiva”. Desde la perspectiva de los trabajadores y los gremios, el ajuste amenaza la función federal, cultural e informativa de los medios públicos y debilita uno de los pocos espacios de comunicación con presencia territorial en provincias y regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

A esta situación se suma el deterioro salarial. Sindicatos como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya que los salarios permanecen prácticamente congelados desde agosto de 2024. Según advierten, esta situación empujó a numerosos trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza, profundizando la precarización laboral en un sector clave para la democracia informativa.

En paralelo, los empleados de la TV Pública expresaron un rechazo contundente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que podría provocar un “daño irreversible” en los medios públicos. No se trata solo de puestos de trabajo en riesgo, sino de un modelo de comunicación que, con sus falencias y debates pendientes, garantiza pluralidad de voces, producción de contenidos nacionales y presencia del Estado en el sistema mediático.

Así, bajo el argumento del ajuste y la eficiencia, el futuro de la Televisión Pública se convierte en un símbolo más de la disputa ideológica sobre el rol del Estado. Una discusión que excede el cambio de nombre y pone en juego empleo, derechos laborales y el sentido mismo de los medios públicos en la Argentina.