El texto fue respaldado por los bloques de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. En contra votaron el peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.

En el caso del Frente Renovador, sus integrantes habían anticipado su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad, aunque finalmente votaron en contra en general. Uno de sus referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que acompañó el proyecto en la votación en particular.

Alcances de la reforma

La propuesta impulsada por el oficialismo modifica el régimen vigente —de origen dictatorial— y establece un nuevo sistema penal juvenil para adolescentes de 14 a 18 años. El esquema prevé un abanico de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves. No contempla la prisión perpetua y dispone que los menores cumplan condena en establecimientos diferenciados de los adultos.

El proyecto incorpora alternativas a la privación de la libertad y prioriza criterios de resocialización. Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión, mientras que en aquellos con penas de entre tres y diez años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves se promueven sanciones con enfoque social y educativo.

Uno de los puntos más debatidos fue el financiamiento del sistema. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo de asignación de recursos, pero la iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que sostuvo la modalidad de convenios entre la Nación y las provincias.

El debate político

Durante la sesión, la presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención del proyecto no es “amontonar menores privados de la libertad”, sino avanzar en su resocialización. Señaló que el régimen actual habilita “vagas medidas restrictivas” y consideró necesaria su actualización.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo y criticó la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, atribuida a la ministra de Seguridad, al advertir que se trata de una lógica más vinculada a la campaña política que a una solución integral del problema.

Por su parte, Gisela Scaglia, del interbloque Provincias Unidas, manifestó su acuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad y con la implementación de un sistema orientado a la reeducación, aunque advirtió que el financiamiento no puede recaer exclusivamente en las provincias.

El titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que la reforma no resolverá por sí sola el problema de la delincuencia juvenil y remarcó que el fenómeno requiere políticas complementarias, especialmente frente al reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman rechazó el proyecto al considerar que ampliará las facultades policiales y profundizará la criminalización de jóvenes de sectores populares. También cuestionó la asignación de recursos para el sistema penal juvenil en el contexto de restricciones presupuestarias.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el debate se traslada ahora al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de las reformas centrales de su agenda en materia de seguridad y justicia penal juvenil.